Bolivia: Una de las economías más estables de la región

 

Bolivia es un país subdesarrollado en términos económicos. A pesar de los intentos que se llevaron adelante desde la Revolución Nacional encarada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) desde la década de 1950 y las nuevas políticas nacionalistas del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), la economía no logra efectuar el take-off que la independice de la región y mejore la vida de sus habitantes.

Por Federico Parodi

Históricamente la subsistencia de la economía boliviana tuvo su fuente en la extracción minera. Desde la conquista española hasta el presente, el derrotero del territorio de Charcas estuvo signado por la sangre de plata que Potosí le aportaba al cuerpo enfermo del Imperio Español primero y del Estado Boliviano después.

Cuando la plata dio sus últimos pasos en 1900, el estaño apareció como un sustituto de la primera y revivió la economía, aunque sólo parcialmente, ya que el mayor beneficio se iba al exterior, a las refinerías de estaño que los mismos dueños de las minas poseían fuera de Bolivia. La clase dominante giró en torno a la llamada “rosca minera” y, como en la colonia, toda la economía gravitó sobre el preciado metal hasta que al socio consumidor más importante, Estados Unidos, se le ocurrió comenzar a pagar menos por esa materia prima, inaugurando una nueva crisis.

Otra de las producciones poco mencionadas es la de la Siringa, la extracción del caucho que se realizaba en la zona de Pando, Beni y el Acre –perdido este último en el tratado de Petrópolis en favor de Brasil- que creció por la gran demanda que generó la aparición del automóvil. La goma fue el segundo producto de exportación de Bolivia hasta 1915, año en que comenzó a declinar. Los peones que trabajaban en la siringa eran llevados, a veces hasta secuestrados, de las ciudades bolivianas, especialmente las del oriente y obligados al sistema esclavista de “pulpería” o conchavo.

La plata, el estaño y el caucho estaban sujetos a un impuesto de exportación que pocas veces era cobrado por el Estado, grandes cantidades de producción traspasaban las fronteras de forma ilegal.

Uno de los aspectos claves de la Revolución Nacional del MNR fue la reforma agraria que intentó destruir el latifundio para evitar la ociosidad de los campos y restituir la propiedad de la tierra al campesinado indígena. El proyecto se llevó adelante pero no contempló la propiedad colectiva de la tierra, los campesinos no pudieron asimilar el modo de producción capitalista del campo y el proyecto fracasó, al menos del modo en que había sido ideado. Sin embargo, le dio relevancia a un grupo social que hasta entonces no había participado de la vida política del país y al que el MNR le había dado la capacidad de votar: el campesinado. Esta clase sería el contrapeso del sector minero y sería utilizada por los distintos gobiernos militares como aliado para asegurar la gobernabilidad.

Otro punto de la política del MNR fue la nacionalización de las empresas mineras y la creación de la COMIBOL, una empresa pública de explotación minera.

El petróleo, otra actividad extractiva, empieza su actividad en la primera mitad del Siglo XX. La prospección de ese recurso fue una de las causas de la guerra del Chaco (1932-1935) que enfrentó a Bolivia con Paraguay por el Chaco, un territorio que teóricamente “flotaba en petróleo”. Después de la guerra se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

Sin embargo, no fue hasta finales de la década de 1950 que la industria del petróleo comenzó a ser relevante. La estrella de la producción boliviana es el gas de petróleo, muy abundante y que todavía no ha terminado de ser prospectado en el territorio boliviano. Tan abundante era que la construcción del ferrocarril del Oriente, que vincula la Argentina con Bolivia por el paso de Salvador Mazza-Yacuiba y que termina en Santa Cruz de la Sierra, fue construido por la Argentina y pagado por Bolivia con gas. También formó parte de ese convenio la construcción de otro ramal que cruza por La Quiaca. El proyecto original contemplaba la unificación de la vía oriental con el sistema ferroviario occidental, proyecto que no llegó a concretarse.

El desarrollo del Oriente boliviano, después de la decadencia de la siringa, ocurrió de la mano del Plan Bohan; un plan norteamericano integral para el desarrollo regional. Uno de los mandatos de ese plan era la construcción de la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, así como la instalación de cultivos de caña de azúcar que aún continúan funcionando en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Durante la década de 1970, Bolivia ingresó en la Alianza para el Progreso y la ALAC, tomando grandes cantidades de dinero en préstamo para la construcción de diversas obras públicas, tal como hicieron casi todos los países de América Latina bajo la teoría del desarrollismo de la CEPAL. Finalmente, las inversiones no rindieron sus frutos y la mayoría de los países se encontraron con una abultada deuda que no pudieron pagar, derivando en crisis económicas, devaluaciones monetarias e inflación.

El caso boliviano no escapó a esa secuencia de sucesos agravado además por la sucesión de golpes y asonadas que siguieron al gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez. Los distintos gobiernos intentaron paliar la crisis económica pero la debilidad en la que se hallaban las instituciones no permitió dar los pasos necesarios para salir de la crisis hasta el gobierno de Paz Estenssoro de 1985. El precio del dólar estaba fijado por el gobierno lo que generó un mercado paralelo de divisas que distorsionaba la economía; así en 1985, un dólar en el mercado “negro” costaba 1700% más que el dólar oficial. Los exportadores no querían vender ya que el cambio se lo hacía el Estado al valor oficial y los importadores preferían vender las divisas que conseguían del Estado. Las transacciones con divisas fueron prohibidas y los depósitos bancarios “desdolarizados”. Las empresas públicas YPFB y COMIBOL tendieron a independizarse para gastar una parte de los dólares que obtenían por su cuenta.

Las exportaciones y las importaciones descendieron, el déficit fiscal llegó al 21% en 1984 y el Estado era el empleador del 30% de la fuerza laboral del país. El Estado declaró la cesación de pagos de la deuda externa en 1984 y quedó atrapado en la espiral inflacionaria de aumento de salarios, inflación y nuevo aumento.

El Decreto 21060, diseñado por el equipo de Paz Estenssoro, fue el electroshock que necesitaba la crisis económica de Bolivia. Permitió la flotación del dólar y las transacciones en divisas. También habilitó lo que se llamó “relocalización” (despido con beneficios) en las empresas públicas, que un año más tarde determinó la salida de unos 20 mil empleados de la COMIBOL (el 67% de los empleados de la COMIBOL estaban fuera de las minas). Se autorizó la libre importación de bienes para bajar el precio de los alimentos y otros artículos de consumo antes protegidos. Los agentes económicos comenzaron a dejar de sentir la necesidad de aumentar los precios y fue normalizándose la economía. Se creó un Banco Central autónomo del poder político que priorizó la estabilidad.

El Decreto significó el fin del Estado financiado con los recursos mineros nacionalizados, es decir, el fin del Estado de Bienestar en la forma que adoptó en Bolivia.

Se produjo una reforma tributaria (Ley 843 de 1986) que redujo los impuestos existentes a 7 tributos universales, más fáciles de calcular y de recaudar. En 1982, antes de la ley, la recaudación impositiva era el 1% del PBI y en 2011 llegó a representar el 22% del PBI. La deficiencia de la ley estribaba en que distribuía un 75% para el Estado Nacional y un 25% para la región de los impuestos recaudados donde tuviera asiento legal, y no donde funcionara, la empresa. Por lo tanto, la mayor parte de las empresas tenían sede en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y, aunque funcionaran en otros departamentos, sólo estos se beneficiaban del impuesto. Finalmente, en 1994 se corrigió este error, distribuyendo el total nacional por la cantidad de habitantes.

Además, también se renegoció la deuda que se había declarado mora desde 1984, y que el Estado recuperó de los acreedores al 11% de su valor original.

Desde 1986, año en que se imprimieron los actuales pesos bolivianos, el dólar se mantiene en los 7 pesos bolivianos por dólar y la inflación no supera el dígito por año salvo contadas excepciones.

Hasta el proceso del actual presidente Evo Morales, el Estado Boliviano atravesó un período neoliberal, incluso con gobiernos de izquierda como el de Paz Zamora. Durante la década de 1990, se produjo un proceso de privatización de las empresas públicas también particular en su modo de realizarse y diferenciado de como ocurrió en Argentina. El Estado duplicó el capital de las empresas públicas emitiendo en acciones el mismo capital que tenían las empresas con l excusa de buscar la ansiada capitalización (así se llamó el proceso “capitalización de empresas”) para realizar las inversiones necesarias en cada empresa. Los accionistas privados tuvieron el control de las empresas públicas y las acciones que estaban en manos del Estado debían ser transferidas a los bolivianos. De todo, lo que no ocurrió fue a transferencia de acciones al pueblo.

El MAS, después de 20 años de neoliberalismo y achicamiento del Estado, volvió a las políticas estatistas. La gran pregunta es si la vuelta al estatismo benefició de alguna manera a los bolivianos.

Lo cierto es que la mayor parte de los países latinoamericanos no han logrado, independientemente del superávit que puedan tener las economías de cada uno, que esos beneficios representen un bienestar para el ciudadano de a pie. El caso boliviano tiene además sus particularidades. El Estado sigue siendo el gran empleador a través de sus diferentes actores económicos, agravado además por la súper población de las empresas públicas que tienden a utilizarse como herramientas del clientelismo político e incluso de colonización de territorios opositores; tal es el caso de EnTel que, en su filial de Santa Cruz, en lugar de contratar personal local, traslada personal desde el altiplano hacia la llanura. La burocracia centralizada en La Paz genera que todos los trámites realizados en los departamentos deban ser aprobados en la capital.

La educación sigue siendo mal paga y de una calidad inadecuada para el desarrollo completo del país; desde hace muchos años que el país no participa en evaluaciones internacionales de nivel educativo. En muchos casos se sigue dependiendo de técnicos extranjeros para la realización de algunos trabajos específicos. El área de investigación está desfinanciada.

La salud sigue representado un gran escollo ya que la salud pública es arancelada y en muchos casos los profesionales no cuentan con el equipamiento completo para realizar diagnósticos precisos. A lo que hay que sumarle la idiosincrasia propia de un pueblo que no confía en la ciencia.

El transporte público es deficiente en la mayor parte de las ciudades y no presenta alternativas. Descontando el caos que resulta transitar por las calles y las carreteras del país, el mal estado de las mismas –sólo el 6% de los caminos están asfaltados-, los frecuentes bloqueos por reclamos sociales y la poca capacitación de los conductores hacen de Bolivia un territorio complejo para ser transitado. Además, las estaciones de servicio no despachan combustible a vehículos con chapa patente extranjera por no estar registrados en el sistema público, obligando a conductores extranjeros a cargar en bidones para trasvasar a sus vehículos y a pagar el doble o el triple por los combustibles. Eso va de la mano con el nivel de corrupción que impera en la mayor parte de la sociedad. Es de público conocimiento que la policía sale a buscar su “aguinaldo” y cualquier motivo es causa de “colaboración” (de Santa Cruz a Yacuiba, cruzamos unas 4 colaboraciones). Con todo, el boliviano está acostumbrado a este desorden, donde la autoridad no tiene ningún escrúpulo y difícilmente cumpla sus funciones sin un acomodo.

Por otra parte, no mencionamos una de las razones de la bonanza boliviana, relacionada íntimamente con la producción cocalera. Claro que no se puede anotar en los libros de economía que uno de los ingresos más importantes de divisas venga de la mano del oro blanco que produce el vecino país. Es difícil pensar en un país ordenado y económicamente desarrollado en el que las reglas de la economía y la política siguen a la zaga de la producción cocalera y, mientras aseguran que la mayor parte de la población vive coqueando para aumentar la cantidad de hectáreas cultivadas, prometan controlar el narcotráfico.

Además, el coqueo –acullico- del que tanto se ufana el gobierno indigenista del MAS, es el indicador más evidente de lo que marcan las estadísticas públicas: el 60,1% de la población está bajo la línea de la pobreza, aunque el desempleo sea del 5,78% según las estadísticas de 2007 (las últimas relevadas). Es decir que el consumo de la hoja de coca, que se utiliza para no tener hambre y mantenerse despierto, tiene poco que ver con lo sagrado y más con la necesidad. Sin embargo, como muchas cosas que vienen del Altiplano, se creó la idea de la sacralización de la coca, la “hoja sagrada”, y su defensa como patrimonio indígena. Claro que atrás de ese montaje se oculta el narcotráfico. La coca apta para el consumo se produce en los Yungas y unas 9 mil hectáreas cubren el consumo nacional de ese producto. Otras 60 mil se ubican en el Chapare, de hojas que no son aptas para el consumo ¿para qué serán? Le dejo al lector su reflexión.

Evidencia de los datos es que, por más que sea una de las economías regionales más fuertes, se sustenta en bases que pueden desaparecer, como el gas y minerales, o que son ilegales y que causan daño a la población; y no logra desarrollar un campo de investigación tecnológico e industrial que asegure la diversificación y la industrialización del país en un mediano y largo plazo, y, en consecuencia, que apunte a lo que todo Estado debe apuntar, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.