PRENSA

Sergio Lanzafame

El kirchnerismo libró algunas buenas batallas durante sus doce años de gestión contra el poder económico con éxito dispar. La redistribución de la renta, por supuesto, fue el centro de la pelea. Y no mucho más lejos se ubicó la disputa cultural, la lucha por el sentido. Se trataba de elegir entre dos modelos de país, dos formas de ver la vida. Una individualista y cruel, la otra colectiva y solidaria.

La democratización de la palabra en los medios de comunicación masiva fue uno de los pilares de esa lucha. Por ello la ley de medios.

Decir que el proyecto político nacional y popular perdió esa guerra, es dar por terminada una disputa que tiene mucho que mostrar aún. Pero, es necesario preguntarse el por qué del enorme retroceso que sucedió luego de la llegada de los conservadores al poder.

Muchos analistas políticos y comunicadores alertan -con razón- que la libertad de prensa no puede confundirse con la libertad de empresa. Dicen que la democratización de la palabra no tiene lugar por el sólo hecho de que se deje a los propietarios de los medios de comunicación expresar su posición política libremente y sin condicionamientos. La palabra de los medios son, en gran medida, la palabra de sus dueños y por lo tanto de sus intereses políticos y económicos. Y, en la gran mayoría de los casos en el mundo, y con particular énfasis en nuestra América latina, esos intereses corresponden con los intereses de las elites y de los principales conglomerados empresarios de cada país. Queda claro que no es la ciudadanía en su conjunto la que se expresa, o al menos no libremente, sino tamizada por lo que el dueño del medio quiera o no que se diga.

En la Argentina, la dictadura y el menemismo se dieron a la tarea de boicotear la pluralidad de voces y fortalecer cuanto pudieran a las grandes empresas propietarias de los principales medios para alinearla con los intereses de clase que sus proyectos políticos trazaron.

Para cambiar el rumbo, durante la gestión K, el Estado se vio obligado a equilibrar la balanza comunicativa. Para ello recurrió al fortalecimiento de medios estatales y al apoyo de medios afines. Pero demoró más de la cuenta en implementar las políticas pertinentes. Y no sólo por los palos en la rueda que puso el grupo Clarín a la ejecución de la ley de medios, sino los aliados a los que apeló demostraron demasiadas debilidades.

Los famosos empresarios de medios K comenzaron a tener problemas luego del cambio de gobierno. No sólo por la persecución -peligrosa e inaudita- del macrismo con sus aliados judiciales, sino que demostraron la impericia con la que habían manejado sus medios hasta ese entonces. Endeudados y “pauta oficial” dependientes, comenzaron a desmoronarse.

Los medios estatales, como se preveía, cambiaron de signo político y de rumbo ideológico. Nada fuera de lo normal. Los medios estatales siempre fueron oficialistas.

Así las cosas, con la ley de medios bastardeada y desvirtuada, lo que queda es un conjunto monocorde de medios de comunicación al servicio del proyecto político económico conservador y unos pocos medios que sobreviven en clara desventaja por poner alguna voz disonante en el aire.

Pero eso no es todo. Al poder económico no le alcanza con tener a la gran mayoría de los medios alineados. Necesitan una sola voz. Y lo más grave es que el gobierno de Macri quiere lo mismo. Quiere gobernar sin voces disidentes -por más modestas que sean-.

La censura es condición para el sostenimiento de un proyecto que necesita silencio para ocultar la distribución regresiva del ingreso que planifica y el Gobierno decidió avanzar sin escrúpulos en ese sendero.

La lista de medios opositores cerrados, con graves dificultades económicas y/o con graves episodios de censura es larga y agotadora.

Contamos, entre otros al apriete a radio Continental para que eche a Víctor Hugo, el levantamiento de programas como 678 en la TV o radios públicas, el vaciamiento del Grupo 23, con el cierre de Tiempo Argentino, Infonews y El Argentino, el cierre de Infojus, los despidos masivos en Crónica producto del ahorcamiento económico, los cierres del diario La Mañana de Córdoba, de Buenos Aires Herald, Revista 23, diario El Ciudadano de Rosario, el diario gratuito El Argentino, el vaciamiento de Radio del Plata, el ahorcamiento económico a Página 12 y radio AM 750 del grupo Octubres, el cierre de la Agencia DYN, el apriete al grupo Indalo para que eche a Navarro y venda sus medios a los amigos del poder.

Más de 2500 periodistas y trabajadores de medios de comunicación despedidos en el país, cierres de medios y flexibilización laboral son más muestras de un estado de situación alarmante que incluye la persecución sistemática de los medios comunitarios y barriales.

La censura, debido al silenciamiento de toda voz opositora, es la muestra más cabal del autoritarismo de este gobierno.

Sería analíticamente muy pobre decir que el triunfo electoral reciente de la coalición Cambiemos logró el apoyo popular hacia esta forma de hacer las cosas. Justamente la falta de voces disidentes y el ocultamiento de la información -y mucho más la censura absoluta de los dueños de los medios de hablar de cualquier conflicto dentro de ellos- opera para desorientar a la población.

Se discute mucho sobre la incidencia de los medios de comunicación masiva en el comportamiento de los votantes. Puede ser que no haya conclusiones definitivas al respecto. Pero lo que sí está claro que el mensaje llega y opera con fuerza desde lo simbólico. Y aunque no podemos mensurar hasta que punto, podemos mostrar un universo de casos de conocidos que repiten como una letanía el discurso televiso o radial.

Decir que es por ello que ganó Cambiemos es aventurado y puede interpretarse como un intento de desviar la mirada de culpas propias. Pero menospreciar el poder de los medios en la construcción del discurso público es otro error.

El gobierno, sin embargo, tiene un talón de Aquiles. Esos discursos se basan en la mayor parte de los casos en mentiras. Y no es sólo que toda la construcción ideológica liberal es falaz, sino que en este caso se inventan situaciones y datos de manera descarada, en un intento de construcción de lo que se ha dado en llamar “posverdad”.

Decir una mentira e imponerla como verdad a fuerza de repetición y censura es una estrategia novedosa que demostró fuerza.

Pero la mentira siempre choca –más temprano o más tarde- con la verdad.

Ayudar a derribar esas caretas, que caerán por peso propio, es la tarea de la hora.

La otra tarea es estar preparados para cuando llegue el momento de retomar la senda de la democratización de la palabra.

Retomar el espíritu de la Ley de Medios trunca es clave. Pero –esta vez- con una impronta más dinámica. Quizás más urgente.

No puede repetirse el error de entregar medios de comunicación a empresarios amigos para que los gestionen –a fuerza de pura pauta oficial- como contrapeso.

Las alternativas, más allá del refuerzo de los medios públicos, deberían estar puestos en las experiencias cooperativas, solidarias y populares. Los grandes monopolios de la información, queda claro, nunca apoyarán a ningún proyecto nacional y popular.

En estos 20 meses de “ceocracia” se reforzó como nunca lo que podemos denominar “empoderamiento mediático”. Medios recuperados por sus trabajadores, experiencias de comunicación popular de todo tipo y comunicadores progresistas que arman sus propias empresas con escasas y originales herramientas son ejemplos de lo que se podría hacer en el futuro. Sería bueno que sean los estandartes de un nuevo período “populista” en el poder.