El capítulo soviético de Bolivia

“Nosotros no fusilamos como Ustedes en Teoponte”

Mario Rueda Peña, al momento de capturar a Hugo Banzer Suárez.

Por Federico Parodi

Nadie o casi nadie, recuerda el corto gobierno de 10 meses del General Juan José Torres, en que Bolivia pasó a teñirse de la amenaza comunista tan temida por Nixon y el imperialismo. Nadie quiere recordarlo porque ninguno de los dos bandos, izquierda y derecha, pueden hacer frente a la vergüenza: los primeros por haber dejado pasar la segunda oportunidad histórica que manda su tesis –la primera fue con la incursión de la guerrilla de Ñancahuazú- y, consciente o inconscientemente, haber precipitado el capítulo de ultraderecha que siguió al derrocamiento de Torres; y los segundos, por haber sido cómplices del nuevo despojo al que sometieron a Bolivia en nombre de la libertad y la democracia, encubriendo el mandato del capitalismo imperialista que impulsaba el dictado del norte, endeudando al país por décadas e hiriendo de muerte al por entonces agonizante sistema institucional.

Torres era un hombre centrado y sereno, de rostro bonachón. De origen humilde, había sido parte durante su juventud, de la Falange Socialista Boliviana y llegó a jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia (1969-1970). Su orientación hacia la izquierda se hizo notar en varias ocasiones. Una de ellas, comisionado por Ovando para sacarlo de la escena política, fue durante una reunión de la Junta Interamericana de Defensa, donde llamó a revisar la postura del militarismo frente a la izquierda, señalando que ésta buscaba mejoras para la vida de los humildes y trabajadores. Aquella intervención le valió la censura de sus pares americanos, entre los que se encontraba el futuro presidente argentino, Marcelo Levingston. Finalmente, Torres fue relevado de su cargo de jefe del Estado Mayor por su participación en el Foro “Los Caminos de la Revolución” que se llevó a cabo en la Universidad San Simón de Cochabamba, donde expuso un breve programa de acción a corto y largo plazo, y llamó a la unidad de estudiantes y obreros.

El gobierno del General Ovando venía en crisis. Había nacido en 1969 de un golpe de estado contra Luis Adolfo Siles Salinas, sucesor constitucional del fallecido presidente aviador, General René Barrientos Ortuño. Ovando tuvo la idea de derogar la ley del Petróleo y de nacionalizar Gulf Oil Company Co., subsidiaria local de una empresa petrolera norteamericana. Ello le valió que el gobierno. Luego de un año de grandes irregularidades, corrupción y el surgimiento de la guerrilla en Teoponte en agosto de 1970, sucesora de la de Ñancahuazú y tristemente célebre por haberse entregado sus integrantes bajo promesa de juicio y finalmente, haber sido fusilados sumariamente por el ejército; el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Mr. Siracusa, empezó a mover los hilos de la sedición y varios generales deseosos de llegar al poder, se enrolaron en las filas del General Rogelio Miranda. Ovando había prometido la sucesión presidencial a Torres con tal de no favorecer a Miranda, pero nada había para hacer si los cuarteles respondían a este último.

Todo se desató el 3 de octubre de 1970. Los militares que respondían a Miranda, lanzaron una proclama oral y escrita en la que planteaban la necesidad de relevar a Ovando del cargo de presidente. El general se encontraba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y desde allí esperó todo el día para conocer las reacciones de las divisiones militares del interior. Al saber que la Fuerza Aérea todavía le era leal, retornó a La Paz el día 4. La noche del 5, Torres se reunió con Ovando en su domicilio y, viendo que no ejecutaba su promesa de hacerlo titular de la presidencia, fue convencido por su asesor Jorge Gallardo para tomar el poder. Mientras tanto la subversión mirandista avanzaba hacia La Paz. Ovando estaba perplejo por la situación creada y su mente perturbada por la pérdida reciente de un hijo.

Gallardo sugirió a Torres utilizar sus contactos con el Grupo Aéreo de Caza (GAC) a la vez que solicitara apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Universitaria Boliviana (CUB) y algunos partidos de izquierda. La negociación no fue sencilla porque el GAC no quería tener relación con los dirigentes sindicales, pero finamente cedieron y proclamaron a Torres presidente provisional. Ante la situación, los mirandistas renunciaron a la pelea de poder y comenzó el gobierno del General Torres el día 7 de agosto de 1970. Ovando y otros militares salieron al exilio.

Desde ese momento comenzó una dura tarea de negociación entre el Gobierno, la COB, la CUB y los partidos de izquierda, el Movimiento Nacional Reformista de Izquierda (MNR-I), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Partido Socialista, el PC-Moscovita y el PC-maoista, entre varias organizaciones más. La cuestión era decidir cómo distribuir el poder del gobierno. Torres ofrecía el 50%, 8 de las carteras ministeriales para las organizaciones de izquierda y sindicales. Después de varias reuniones, las sugerencias para ocupar los cargos ministeriales, eran de representantes de segunda y tercera línea; nadie en la izquierda quería comprometerse a fondo con el gobierno revolucionario. Finalmente, después de muchas idas y venidas, el gabinete de ministros comprometidos con el proceso revolucionario juró el 9 de octubre con la premisa de sentar las bases para la liberación nacional, la construcción de un nuevo orden y nueva sociedad en que sus miembros puedan desarrollar todas sus capacidades morales y materiales, donde la justicia no sea burdamente discriminatoria, la educación y la cultura no constituyan un privilegio de clase y el trabajo sea un derecho inalienable.

Paralelamente, las cúpulas militares exigieron a Torres garantías de que no se vulneraría la institución militar, ya que todos los movimientos que el gobierno revolucionario estaba sumando a sus carteras eran abiertos opositores a las Fuerzas Armadas. Torres, como militar, estuvo obligado a aceptar; en contrapartida sus colegas le prometieron fidelidad. En repetidas ocasiones el ejército masacró sin escrúpulos a mineros, trabajadores y universitarios por lo que tampoco fue novedoso que las organizaciones de izquierda reclamaran la disolución de las Fuerzas Armadas y su reemplazo por milicias populares, lo que alertó a los militares.

Durante los primeros meses de gobierno, distintos sucesos fueron minando la gobernabilidad del país. Los partidos de izquierda seguían considerando a Torres como un pequeñoburgués junto con todo el gobierno, por lo que comenzaron a fogonear proponiendo su derrocamiento. En La Paz, grupos universitarios expropiaron el Centro Boliviano Americano (CBA) y el IBEAS, lo que generó conflictos con Estados Unidos y la Iglesia. No fueron reprimidos por el Estado, sino que se negoció la compra de esos inmuebles. En Santa Cruz, los maoístas del Partido Comunista organizaron una avanzada rural de la Unión de Campesinos Pobres (UCaPo) y tomaron una propiedad agrícola-ganadera exigiendo la cooperativización del campo entre todos los campesinos asentados en el fundo; además anunció la toma de otras propiedades, lo que sembró la alarma entre los campesinos medianos. Los empresarios privados de Bolivia exigieron medidas radicales y los terratenientes cruceños amenazaron con crear sus propias milicias. El gobierno medió para evitar la crisis, pero la situación ya estaba creada. Y, además de la presión de la izquierda, la derecha tenía sus excusas para promover un nuevo golpe.

Durante los pocos meses que quedaban de 1970, el gobierno revolucionario logró la recomposición salarial de los mineros, se comenzaron a vender hidrocarburos a Chile y Perú, se negociaron los fondos faltantes con el Banco Mundial para la construcción de un gasoducto a Argentina y se atendieron los reclamos obreros de los distintos departamentos. Por último, en una operación casi de película, se gestionó la liberación de Regis Debray y de los guerrilleros que estaban atrapados en Teoponte.

En diciembre de 1970, el Jefe del Colegio Militar, Coronel Hugo Banzer Suárez, al cierre del año, pronunció un discurso subversivo que fue bien recibido por fracciones del ejército y grupos civiles, lo que lo perfiló como la cabeza del movimiento subversivo. El nivel de confrontación pública previa llegó al punto de retar a Juan Lechín, Secretario General de la COB, a un debate abierto para refutar todas las críticas a las Fuerzas Armadas. Lechín aceptó y fijó el lugar en la Universidad de San Andrés. Los desafiantes dijeron que el lugar no era seguro y, a pesar de las garantías ofrecidas por la Federación Universitaria Local, el debate nunca se llevó a cabo.

Banzer estaba tramando un golpe militar para el día 20 de enero de 1971 y los servicios de información del Estado ya lo sabían. Informado de esto, Torres decidió dejarlo actuar previa activación de los dispositivos de seguridad del Gobierno Revolucionario. El golpe se adelantó y comenzó el día 11 de enero. Sin embargo, la mayor parte de los cuarteles permanecieron leales a Torres. Banzer y sus socios debieron exiliarse.

En Santa Cruz se dio un fenómeno particular porque las agrupaciones de izquierda y la Central Obrera Departamental, se habían unido, formando un único bloque contra la burguesía terrateniente y consiguió que se nombrara prefecto a Marcelo Velarde, un político del Movimiento Nacional Reformista con tendencia de izquierda.

Durante los primeros meses de 1971, el gobierno trató de replicar en el país el modelo cruceño; continuó sus intentos de conformar un frente político-militar de izquierda que aglutinara a los partidos, organizaciones y militares afines, sin obtener un gran éxito debido al sectarismo, a la ambición de poder y a la propensión de las agrupaciones de izquierda de no asumir compromisos. Por eso, se creó la Secretaría de Coordinación Política que buscó, sin formar un frente, coordinar a las distintas fuerzas políticas que participaban del gobierno.

Se comenzaron a buscar formas de participación popular y el 1° de mayo de 1971, se comenzó a preparar la instalación de la Asamblea Popular (AP) en reemplazo del viejo parlamento burgués. Se instaló en el edificio del Congreso Nacional y comenzó a funcionar el 23 de junio de 1971. Su composición fue de 230 representantes, de los cuales 65 eran del Movimiento Nacional Reformista, 25 del PC-moscovita, 25 del Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista, 8 del Movimiento de Izquierda Revolucionario, 8 del Partido Socialista, 6 del Partido Obrero Revolucionario, 7 del PC-chino y el resto, independientes. Según Jorge Gallardo, Ministro del Interior de Torres, la AP se dedicó a “discutir sobre tesis principistas relativas a la estrategia revolucionaria, la naturaleza de sus funciones, la lucha real del proletariado, la toma del poder, a realizar críticas, sin soluciones viables, la conducta del gobierno” y, tal vez, lo más grave, a “amenazar, provocar y menospreciar las fuerzas de los enemigos”. (Gallardo 325:1972) Conformó Tribunales Populares para la investigación de algunos crímenes ocurridos durante los gobiernos de Barrientos y Ovando, y conformó milicias populares. Además, se conformaron Asambleas Populares Departamentales. La CIA y el Pentágono hicieron ver a la AP como un soviet y la derecha reaccionó llamando a un congreso de la Empresa Privada y pidiendo apoyo a Estados Unidos.

Durante el mismo período, el gobierno buscó crear una Plataforma Económica, encargada a Hugo Torres Goitía, a la vez Secretario de Coordinación Política, que sirviera de punto de partida para orientar y proyectar al gobierno revolucionario. La Plataforma incluyó: nacionalización de la banca, estatización del comercio exterior, control de los recursos naturales, impulso a las cooperativas y a las empresas privadas de interés público, creación de un ente de distribución y comercialización de los productos agrarios, eliminación de la burocracia improductiva estatal, una reforma impositiva, la renegociación de la deuda externa y negociaciones comerciales con países de Europa y Asia. A partir de este documento, las agrupaciones de izquierda comenzaron a mostrarse menos reacias al gobierno, pero manteniendo su distancia. Al mismo tiempo que aumentaba la violencia de la derecha, se creaban brigadas que colocaban explosivos por las calles y se las adjudicaban a grupos de izquierda. Una serie de secuestros y asesinatos políticos dentro y fuera de Bolivia por grupos de izquierda, y la explosión de una bomba en manos de un sargento, motivó a la derecha a crear un grupo paramilitar llamado “Ejército Cristiano Nacionalista” que tomó la radio “Progreso” y realizó una proclama.

El golpe de estado estaba en marcha y se gestó en Buenos Aires. La reunión de militares, entre los que estaban Banzer, Miranda, Ayoroa y Cayoja, dos inspectores de la CIA, Mario Gutiérrez, jefe de la Falange Socialista Boliviana y un emisario de Paz Estenssoro, se produjo en junio de 1971. Contaron con el asesoramiento del jefe de la misión militar de Estados Unidos en Buenos Aires y un jefe del Pentágono. El gobierno brasilero facilitaría armas, dinero, aviones y mercenarios entrenados por el Pentágono y la CIA, entrenado en campos ubicados cerca de las fronteras bolivianas. Paraguay franquearía la entrada y salida de los subversivos. El General Lanusse no se decidió a apoyar a la subversión de Banzer, porque la realidad argentina marcaba la apertura democrática y no podía estar involucrado en ese movimiento. Brasil aprovechó la jugada para debilitar la influencia argentina sobre Bolivia y planificar las inversiones de los grandes capitales paulistas en el oriente boliviano.

En ese mismo mes, el comando subversivo se instaló en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y contó con adeptos en casi todos los Departamentos. El plan de Banzer consistía en crear un gobierno provisional si se extendía la guerra civil, que fuera reconocido por Brasil y Paraguay, proclamar la autonomía y quedar bajo la tutela brasilera.

Según Gallardo, hubo una campaña mediática de intimidación pública que preparó el terreno para el golpe, generando desasosiego colectivo, inestabilidad social y política, desorden y caos; sumada a la acción del Ejército Cristiano Nacional que cometía actos terroristas.

El Ministerio del Interior tomó conocimiento del movimiento subversivo en Santa Cruz a mediados de julio de 1971 y pide a Torres el encarcelamiento de civiles y militares rebeldes. El General Reque Terán, Jefe del Ejército, ya había pasado a las filas subversivas y conspiró contra Torres convenciéndolo de demorar los arrestos. Torres creyó hasta el último momento que Reque Terán no lo iba a traicionar. El 18 y 19 de agosto se producen los arrestos que promovía Gallardo. Varios civiles y militares, entre los que estaba Hugo Banzer, son apresados. Banzer en particular es conducido a La Paz. El jueves 19, la situación es crítica en Santa Cruz, una manifestación pide la liberación de los presos sediciosos, el ejército ya no responde al gobierno y las fuerzas de seguridad son desbordadas, obligando a la liberación de los detenidos. Las milicias subversivas toman el poder y se producen enfrentamientos con grupos de estudiantes y obreros.

En La Paz, Torres confió en que Terán y el ejército controlarían la subversión cruceña. La COB, la AP y la Universidad planificaron una manifestación de apoyo al gobierno revolucionario el día 20 de agosto. La manifestación contó con el apoyo de 50 mil personas y los líderes de la AP y el gobierno se comprometieron a luchar hasta el final. Al mismo tiempo en Santa Cruz, los rebeldes hicieron su propio acto en la plaza 24 de septiembre, donde una bomba explotó en el palco de los rebeldes y se produjo una masacre de estudiantes que estaban detenidos desde el día anterior en el Paraninfo de la Universidad Gabriel René Moreno.

Torres había prometido repartir armas a las fuerzas aliadas, pero nunca lo había dicho con la seriedad que demandaban en ese momento las circunstancias. Gallardo le pidió que distribuyera las armas entre la COB y la CUB, y Torres argumentó que no las tenía. Como se pudo, se distribuyeron armas y las milicias populares se prepararon para resistir con 66 carabinas, 70 Máuser y 191 fusiles Garant, y otros 500 fusiles que fueron a la COB, el avance de un ejército casi completo.

Después de duros enfrentamientos durante todo el 21, la FAB y el GAC se plegaron definitivamente al golpe de Banzer y por la noche tomaron la casa de Gobierno. Torres, todos sus ministros y colaboradores, debieron marchar al exilio. Durante el golpe hubo 98 muertos y 560 heridos, según la Cruz Roja. En su mayoría, habían defendido al gobierno con fusiles precarios, piedras o dinamita.

Torres se exilió en Lima y finalmente quedó atrapado en Argentina, donde le esperó la muerte, a manos de la dictadura, el 2 de junio de 1976. “En la Escuela de las Américas, Banzer, de la promoción 61, recibió la distinción de alumno de honor y su retrato brilla en el “Salón de Alumnos Ilustres” junto con otros militares denunciados por torturas, asesinatos y vinculaciones con el narcotráfico” (Sivak 62:1998).