Baja de edad de imputabilidad: la respuesta neoliberal a la fractura social

Recientemente el gobierno nacional presentó el anteproyecto para un nuevo Régimen de Responsabilidad Juvenil, que propone bajar la imputabilidad de los menores a 15 años ¿Novedades? Ninguna. Otra vez la pelota a la calle…

Por Marías Ayastuy

Lo van a disfrazar de distintas formas. E incluso, como hizo la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, ensayarán argumentos “progresistas”, diciendo que lo hacen por el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero la cuestión sigue siendo clara: la decisión de bajar la edad de imputabilidad se corresponde con la decisión de forjar una sociedad cada vez más desigual.

Porque ya está probado, recontra probado, que el recrudecimiento punitivo del Estado no sirve para desalentar el delito ni para garantizar mayor seguridad, sino justamente para lo contrario. Por un lado, este tipo de políticas estigmatizan a un sector de la sociedad, los jóvenes pobres, como chivo expiatorio de la inseguridad, a pesar de que la evidencia muestra que en nuestro país la participación de menores de 18 años en delitos graves está por debajo del 1% y si consideramos la franja etárea de 13 a 15 se reduce aún mucho más. La estigmatización genera mayores niveles de violencia social y policial.

Por otro lado, por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes, que son mayormente delitos contra la propiedad y no contra las personas, las políticas punitivistas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.

Estas cuestiones, además de otras relacionadas con la discutible constitucionalidad de este proyecto en tanto viola el principio de no regresividad de los derechos, las sabe el gobierno nacional. Se las señalaron una y otra vez especialistas y organismos consultados como Unicef, la Defensoría General de la Nación, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño.

Nuestra sociedad está pidiendo seguridad, protección del Estado. Pero no es corto el camino que nos lleva a las soluciones. Porque las causas de la inseguridad son múltiples, complejas, profundas, por lo que su abordaje debe ser necesariamente integral. Aún así, el gobierno de Cambiemos encara en sentido contrario: mientras recorta la inversión en Salud (habiendo degradado el Ministerio a Secretaria), educación, infraestructura escolar, ciencia y tecnología; mientras, como resultado de políticas económicas neoliberales, se recrudece el ajuste, crece el desempleo, la pobreza y la indigencia, y se incrementa el costo de vida para los sectores populares y medios, la única propuesta es recrudecer la pena para los menores de edad. Evidentemente no es la seguridad lo que les preocupa, sino el impacto mediático que puede generar la promesa de mayor castigo.

Una sociedad cada vez más desigual, sin trabajo formal y con una distribución de la riqueza cada vez más regresiva, es una sociedad más conflictiva, con más violencia y delitos. El camino hacia mayor seguridad y la justicia implica necesariamente bienestar social, ampliación y garantía de derechos. De lo contrario, concentrando la solución en mayor estigmatización y pena para los jóvenes pobres, sólo agravarán las condiciones sociales y económicas desde las cuales se organiza y prolifera la delincuencia.