“CUIDA TU BEBIDA”
Para una lectura en perspectiva gubernamental de la controversia en torno a Precios Cuidados
Iván Gabriel Dalmau
(CONICET – UNSAM – UBA)
“Para el votante kirchnerista lo importante es que la birra y el fernet estén dentro de los precios cuidados, el resto no importa.” [1*]
Comentario de lector/a, Diario La Nación
A poco menos de cumplirse un mes de la asunción del Presidente Alberto Fernández, el Gobierno Nacional ha relanzado el programa Precios Cuidados con una grilla actualizada de bienes, marcas y precios incluidos en el mismo. En ese contexto, la inclusión de bebidas alcohólicas (vino y cerveza) y gaseosas azucaradas ha sido blanco de la crítica periodística, a la que su sumaron “referentes” de la alimentación y especialistas en salud pública. Las humoradas estigmatizantes de parte de las/os lectoras/es opositoras/es no se hicieron esperar, como así tampoco las respuestas en términos de la supuesta “incomprensión” de la medida en que incurrieron sus detractoras/es. Sin embargo, en el presente artículo no nos proponemos denunciar una supuesta comprensión defectuosa de parte de quienes han criticado la medida, ni mucho menos hacer una reivindicación técnica de la misma sobre la base de un “correcto entendimiento” de sus objetivos. Por el contrario, nos proponemos revisar algunas críticas respecto de la inclusión de estos “bienes no saludables” en perspectiva gubernamental.
Acorde con el objetivo señalado en el párrafo precedente, dividiremos las líneas que se despliegan a continuación en tres apartados. En el primero, revisaremos someramente la grilla de análisis gubernamental forjada por Michel Foucault, de la que nos valdremos en el siguiente parágrafo para leer en dicha clave la controversia en cuestión. Por último, cerraremos el artículo con un breve apartado de reflexión
Revisitando la grilla gubernamental como herramienta
Es conocido, incluso fuera del ámbito académico, que el filósofo francés Michel Foucault ha cuestionado nociones sacralizantes tales como obra o autor y que, por el contrario, reivindicó para sus trabajos el carácter de “caja de herramientas”. En función del problema que nos convoca, resulta indispensable recuperar las herramientas de que el pensador se vale en sus cursos dictados en el Collège de France durante la segunda mitad de la década de 1970, investigaciones centradas en las formas de ejercicio del poder en la modernidad[1].
En el curso de 1976, Foucault sostiene que en el contexto del despliegue del capitalismo, en estrecha vinculación con los problemas ocasionados por el auge de la vida urbana, la vida en el sentido biológico deviene un objetivo y un blanco privilegiado del poder político. Acontecimiento en torno al que distingue la constitución de un modo de ejercicio del poder centrado en el cuerpo (disciplina) y otro centrado en la población (biopolítica); será justamente la articulación ortogonal entre la norma de la disciplina y la norma reguladora de la biopolítica lo que, en la perspectiva de Foucault, dará lugar a la sociedad de normalización. En el curso siguiente, dictado en 1978, recalibrará el foco de miras y reinscribirá la indagación acerca del surgimiento de la biopolítica dentro del proyecto más amplio de realización de una historia de la gubernamentalidad. Tras lo cual, en 1979, propondrá estudiar el liberalismo como marco de racionalidad de la biopolítica, y desplegará a lo largo del curso una crítica del liberalismo y el neoliberalismo en tanto formas de constitución de la gubernamentalidad moderna y contemporánea.
Cabe remarcar que, por medio del concepto de gubernamentalidad, Foucault buscaba dar cuenta del modo en que se reflexiona acerca de la práctica del gobierno y en el interior de la misma, es decir la manera en que se racionaliza la práctica gubernamental dentro del marco de la soberanía política. No se trata, entonces, ni de una herramienta que apunta a analizar el gobierno como institución, por ejemplo el Poder Ejecutivo del Estado, ni la manera en que se ha gobernado; sino que, por el contrario, la grilla gubernamental habilita a indagar críticamente acerca del modo en que se ha reflexionado en torno al problema de cómo gobernar mejor, cómo conducir la conducta de las/os gobernadas/os de la mejor manera posible. En ese sentido, el liberalismo como racionalidad de gobierno se configuró en el pasaje del siglo XVIII al siglo XIX en estrecha ligazón con la formación de la economía política y la constitución del mercado como ámbito de producción de la verdad. En el seno de dicha racionalidad, las verdades del mercado funcionarán como una limitación interna a la práctica de gobierno; estableciendo así, una distinción entre la agenda gubernamental y lo que está vedado a la misma, ya que cualquier intento de “perturbar” al mercado en su naturalidad, es decir cualquier “falta de respeto” a su lógica inmanente, sería contraproducente.
Por el contrario, el neoliberalismo se constituirá en la Alemania de entreguerras a partir de una crítica a la concepción naturalista del mercado y la reivindicación de una suerte de “liberalismo sociológico” que se propone intervenir activamente sobre las condiciones de posibilidad del mercado, en pos de inscribir el principio de la competencia en “lo real”, alentando la empresarialización de las relaciones sociales. Dicha torsión sería agudizada décadas más tarde en el ámbito norteamericano por medio del desarrollo de la teoría del capital humano, basada en la aplicación de la racionalidad económica de “costo – beneficio” a la totalidad de las prácticas sociales. En la medida en que la racionalidad económica será problematizada como la forma sistemática de responder a las transformaciones del medio, es decir de “dejarse afectar por la realidad”, el capital humano devendrá eminentemente gobernable a través de intervenciones ambientales.
Mirando la controversia en perspectiva gubernamental: ecos de la racionalidad neoliberal
“Precios cuidados con una Coca Cola con azúcar es una pésima decisión en un país en el que el sobrepeso es el mayor problema de salud. Podrían haber puesto una sin azúcar o con edulcorante.”[2]
María O`Donnell
A partir de la lectura desplegada en el apartado precedente, nos proponemos a continuación problematizar en perspectiva gubernamental una serie de críticas que se han dirigido a la inclusión de bebidas alcohólicas y gaseosas azucaradas en el relanzamiento del programa Precios Cuidados. En ese sentido, nos preguntamos, ¿con qué forma de reflexionar acerca de cómo gobernar se entronca el enunciado que hemos citado como epígrafe? La crítica permite entrever una forma de racionalizar el gobierno que concibe a la intervención económica como táctica de control ambiental de la conducta de las/os gobernadas/os. Es decir, que los precios de bienes de consumo masivo no son abordados en función del modo en que en torno a los mismos se juega la puja distributiva; en otros términos, no se concibe la intervención sobre los precios como una táctica tendiente a frenar la caída del poder adquisitivo de los sectores populares, combatiendo así el aumento de la pobreza y el incremento de la desigualdad. Sino que, más bien, se la problematiza como una forma de intervención sobre el medio en que las/os gobernadas/os se encuentran emplazadas/os, de modo tal de conducir sus conductas alimentarias. La “distorsión” del lenguaje de los precios no podría ser un fin en sí mismo, sino que sería legitimada por un objetivo exterior ligado a la salud de la población.
Dicho de otra forma, lo que una respuesta apresurada al citado planteo invisibiliza es la racionalidad sobre la que la crítica se sostiene. Racionalidad que impugna que la desigualdad y la pobreza relativa sean problemas de que deba ocuparse el Estado y que, por lo tanto, registra la medida como una intervención torpe, ya que el objetivo implícitamente concebido es la modificación biopolítica de un hábito alimentario a través de una táctica económica. Al incluir bebidas alcohólicas y gaseosas azucaradas dentro del programa, erróneamente se estaría alentado el consumo de las mismas. De modo implícito, se propone afrontar económicamente cuestiones de salud pública, como problemas asociados a determinados hábitos alimentarios, haciendo del acceso a ciertos bienes una inversión tan onerosa que morigerara su consumo, bajo la forma de la pauperización.
Puede decirse, entonces, que si bien la pérdida del poder adquisitivo de los salarios tiene efectos negativos, como la caída del consumo de “alimentos saludables”, para esta perspectiva deberíamos, al menos, explotar también su veta positiva. “Que la pobreza te cuide de ser obesa/o y alcohólica/o”, corrigiendo los efectos de la misma pobreza que, al impulsar el consumo de alimentos de baja calidad, aumenta el riesgo de padecer obesidad. Llevando la lógica al extremo, es como si dijéramos “para comer lo que a una/o se le antoja – como corresponde en una sociedad abierta[3] – has de ser rica/o y poder costearte un seguro médico, no sea cosa que el Estado tenga que gastar el dinero de nuestros impuestos en tratar los efectos causados por tus malos hábitos”.
Por otra parte, una posición matizada se encuentra en lo planteado por el nutricionista y director del CEPEA[4] Sergio Britos, quien al ser consultado por el diario Clarín sostuvo que: “(…) más allá de la cuestión económica la lista de Precios Cuidados podría ser una referencia para también empezar a modificar malos hábitos alimentarios instalados.”[5] Si bien, a diferencia de María O`Donnel, Britos destaca la pertinencia económica de la medida, pareciera hacerse eco de la misma racionalidad que la periodista al objetar que se estaría desaprovechando la oportunidad de modificar hábitos alimentarios, es decir de gobernar económicamente la población.
Sin menoscabo de las diferencias estratégicas en relación a la articulación de la red de relaciones de poder, sería una desafortunada elección metodológica la circunscripción de la lectura hacia discursos que emergen desde posiciones “privilegiadas” como la de la periodista o el profesional experto. Para no caer en un ingenua visión verticalista respecto de los modos de ejercicio del poder, volvamos entonces sobre los comentarios de lectoras/es… Allí, se destaca la siguiente intervención: “Si una persona en necesidad económica puede comprar bebidas alcohólicas, la supuesta necesidad de esa persona No existe” (se respeta la falta de tildes del texto original).[6] Nuevamente, podríamos caer en la crítica ligera, señalando que Precios Cuidados es un programa antiinflacionario, que busca evitar la pérdida de poder adquisitivo de todo aquel que no es formador de precios, y no una política de emergencia destinada a paliar la faz más cruenta del incremento de la pobreza extrema que tuvo lugar como fruto de la política económica del macrismo, como sería el caso de la Tarjeta Alimentaria lanzada en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre. Sin embargo, la pregunta que nos anima es otra, ¿en qué matriz de racionalización del ejercicio del gobierno se inscribe el citado enunciado?
Retomando el interrogante planteado en el párrafo precedente, quisiéramos remarcar dos cuestiones. En primer lugar, problematizar una política de control de precios como si se tratara de una política destinada a “las/os necesitadas/os” se inscribe en la manera en que la racionalidad neoliberal se desentiende de la desigualdad como problema, borrando así el objetivo de reducción de la pobreza relativa, reconociendo solamente como problemática la pobreza extrema; es decir, la indigencia[7]. Situación en la que la pauperización es tal que quien la padece ya no puede seguir “jugando el juego de la competencia” y que, por lo tanto, requiere de un “aseguramiento mínimo” que le garantice la posibilidad de “volver al juego” para poder, entonces, “valerse por sí mismo”.
Ahora bien, por otro lado, el blanco de la política de “aseguramiento mínimo” resulta problematizado en clave biológica. En ese sentido, no es el derecho humano a ciertas condiciones de vida (social y culturalmente establecidas) lo que se reconoce y se busca garantizar; sino que, a lo que se propende es a minimizar el riesgo médico-patológico que se cierne sobre la población, al haber quedado una fracción de la misma imposibilitada de jugar el juego de asegurar su propia subsistencia. Para decirlo con sorna, si la dinámica de la producción capitalista de las últimas décadas condena a amplias fracciones de la población a perder incluso el “privilegio” de ser un cuerpo útil para la explotación, “al menos que no devenga en masa pestilente que contamina las calles y sobrecarga la demanda de los servicios de salud pública”. Asegurar la satisfacción mínima de las necesidades biológicas sería una inversión en capital humano más eficiente que tener que responder a la explosión de la demanda sanitaria…
A modo de cierre
“La canasta buscar reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos consumen este tipo de bebidas. No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar precios.”[8]
Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo
Al ser consultadas/os por el aspecto “polémico” del relanzamiento del programa, tanto el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas como la Secretaria de Comercio Interior Paula Español, señalaron – como se desprende de la cita del epígrafe – cuál era el objetivo perseguido por el programa y qué es lo que, entonces, motivaba la inclusión de bebidas alcohólicas y gaseosas azucaradas. En ese sentido, sin romantizar los hábitos de los sectores populares, ni mucho menos sobredimensionar el lugar estratégico que le corresponde tanto a una medida puntual como a su fundamentación, nos preguntamos si – habida cuenta del rol de la economía política en la constitución de la racionalidad neoliberal – formas heterodoxas de problematizar la economía pueden articularse con otros discursos y dar lugar a otro modo de racionalizar el gobierno. Sin otorgar, entonces, un tono más disruptivo que el que la medida posee, ni mucho menos caer en un triunfalismo ingenuo, nos preguntamos si es aventurado pensar en la posibilidad de que – en torno a las disputas que atraviesan nuestra actualidad – pueda constituirse una racionalidad no economicista de gobierno. ¿Es, acaso, fruto del entusiasmo excesivo leer la disputa política argentina actual como la contraposición entre el gobierno tecnocrático del capital humano (genitivo objetivo) y una racionalidad de gobierno que, honrando la etimología de la palabra democracia, se configura como gobierno democrático del pueblo (genitivo subjetivo), haciendo valer la redundancia? El devenir de nuestra actualidad política nos lo dirá…
