Cuando el Estado de Derecho y la democracia se ponen entre paréntesis

En el discurso neoliberal conceptos como “seguridad jurídica”, “instituciones fuertes”, “democracia” son recurrentes. Sin embargo, una cosa es el decir, otro muy distinta es el hacer.

Por Sergio F. González

Cuando llegó la ola amarilla, en sintonía con las estrategias diseñadas para toda Latinoamérica, muchos advirtieron de mil y una maneras que se avecinaba un período sumamente oscuro y de marcados retrocesos en cuanto a diferentes dimensiones políticas, económicas y sociales. La realidad, casi cinco años después, es contundente con su irreversible veracidad.

Espionaje industrial, todas las noticias - AS.comEsta realidad está envuelta en negociados mafiosos escandalosos, que, de no mediar estos contextos neoliberales de inmoralidad normalizada y una sociedad adormecida, amilanada, sometida al más despiadado bombardeo mediático de la historia, sería motivo de una condena social insoportable.

Foto: As.comFuga de capitales, evasión vía bancaria con el asesoramiento de funcionarios, blanqueo ilegal para parientes cercanos violando lo expresamente regulado por el Congreso (todo ello, por supuesto, con la venia del órgano judicial cómplice y corrupto), transferencias de recursos de sectores medios hacia el decil más enriquecido, ganancias extraordinarias para el sector financiero, tarifas exorbitantes cuyo resultado económico queda plasmado diáfanamente en los balances y el reparto de dividendos, por citar algunos ejemplos.

A la tragedia social y la destrucción del mercado laboral (ellos que tanto aman hablar de mercado) producida como resultado de esta política económica, le sucedieron otras dimensiones tan o más graves aún.

Así, la utilización sistemática de la persecución judicial a los opositores, servida a la carta, diseñada por los medios hegemónicos en manos de la derecha más retrógrada e inhumana, le siguió el show mediático de las “prisiones preventivas” sostenida en la vergonzosa doctrina Irurzun. Y allí los personajes siniestros retrotrayendo el sistema de derechos y garantías constitucionales a las épocas más oscuras de nuestra historia. El argumento es “preso por las dudas”. Y, además, eternamente presos por las dudas.

El gobierno de los políticos ocultos detrás de los CEOS, la cleptocracia obediente a los mandatos del sistema de poder financiero, cumpliendo a rajatabla el rol de lo que siempre fueron: autoritarios y antidemocráticos. Vinieron a hacer lo que hicieron. Aun cuando a veces sorprende tanta impericia e improvisación.

En estos días se conoce el (por sostener el lugar que corresponde al derecho que indica la inocencia hasta la demostración inequívoca de culpabilidad) presunto delito de escuchas ilegales. ¿Sorpresa? Bajo ningún punto de vista. En todos los gobiernos lo hicieron. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Así es la derecha argentina. Nunca cambiaron. No es por apellidos, sino por pertenencia y convicción ideológica.

Y una vez más, se viola sin pudor la privacidad de las personas, y lo infringido no es una ordenanza municipal, ni siquiera una ley provincial o nacional, que de por sí es tremendamente grave viniendo de funcionarios públicos, sino nuestro esquema fundamente de todo el sistema jurídico y de las garantías más elementales, la propia Constitución Nacional que expresa en su artículo 18° los siguiente:

“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.” (El remarcado con negrita es nuestro).

Pero, ¿cómo pedir comportamiento ético a quienes explotan, esclavizan, se enriquecen del contrabando, la evasión y los negociados espurios? Allí no hay ni puede haber ética.

La mancha, luego de tanta sangre corrida en este país, agrava el delito. No es una broma de niños que se esconden y espían como una picardía a sus compañeros o padres. Para nada. El hecho de utilizar instrumentos del Estado, recursos del Estado para conseguir información ilegal de personas sin una orden judicial que así lo justifique, es un crimen aberrante, equivalente a los mismos que llevó adelante la última dictadura militar, por ende, delitos contra los derechos humanos más elementales.

Incluso tiene otras aristas, poniendo en sino la democracia misma, ya endeble en muchos aspectos tanto formales como vitales, porque rompe un esquema de valores y acuerdos tácitos de comportamientos éticos que permiten la disputa política en la arena de reglas de juego que habilitan el disenso, la discusión y la disputa.

En este marco, emergen preguntas: ¿Por orden de quién y para quienes espiaban? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué elegían estas personas? ¿Son los únicos o esta es la punta del témpano? Algunas respuestas parecen obvias. Sin duda uno de los objetivos es la extorsión, el silenciamiento, el condicionante.

Y a estos interrogantes se le suma la incógnita si éste fue el único método de espionaje, o allí también se intervino en teléfonos, computadoras, videoconferencias, etc. Otra vez, la respuesta parece obvia cuando uno recuerda el uso de “grabaciones que llegaban por manos anónimas” a los estrados de un fiscal o de un juez que rápidamente procedía al procesamiento y la prisión.

A esta altura y sin mediar remedio alguno aún para el sistema jurídico argentino, presumimos una larga gestión de indagación, otra larga etapa para los juicios y un altamente probable sobreseimiento. Lo han demostrado tantas veces que no habría razones para inferir resoluciones diferentes.

No obstante, hay un factor que no puede ni debe mirar para el costado. La referencia es para la política en sus diferentes facetas. No puede ser sólo un tema mediático o jurídico, sino que se impone la asunción del tema por parte del poder político. Allí hay mucho camino por recorrer y, por supuesto, es una buena medida de hasta dónde el gobierno y la oposición seria están dispuestos a avanzar. Hacer como sí o ir por reformas estructurales que inhiban lo que recurrentemente, sin solución de continuidad, pasa en Argentina (y Latinoamérica).

Al respecto, Carlos Raimundi, actual embajador ante la OEA, una de las personas espiadas, nos relata lo siguiente:

“Siempre deploramos que se utilicen los recursos del Estado para el espionaje interno. Además de ser una práctica antidemocrática e inconstitucional, distrae recursos que serían valiosísimos para construir un Estado verdaderamente inteligente. Ayer el Presidente admitió la dificultad para asistir a varios millones de argentinas y argentinos de más bajos recursos porque el Estado no tenía registro de ellos. Y en el extremo opuesto de la pirámide económica, el Estado tampoco contó con las herramientas para detectar la evasión tributaria o la fuga de miles de millones de dólares. La posibilidad de modificar estructuralmente la estrecha relación que hay entre la extrema pobreza y la extrema riqueza sería tener un Estado inteligente.

Efectivamente, no es una cuestión trivial más, en estos trazos, se juega la integridad y la posibilidad de una verdadera democracia, o, dicho de otra manera, la plenitud del estado de derecho enmarcado en la perspectiva de los derechos humanos.

Nada más. Nada menos

 

A continuación, la lista (provisoria al día de hoy), de las personas involucradas en el espionaje ilegal denunciado:

 

  • Carlos LOPEZ
  • Luis Fernando NAVARRO
  • Mariana PONCE DE LEON
  • Rodolfo TAILHADE
  • Marcos HARGUINTEGUY
  • Martín SABATELLA
  • Leonardo SABATELLA
  • Juan Manuel PEDRINI
  • Carlos Alfonso TOMADA
  • Elisabeth GOMEZ ALCORTA
  • Verónica MAGARIO
  • Joaquín ESCOBAR
  • Hugo MATZKIN
  • Araceli BELLOTA
  • Gastón CASTAGNETO
  • Carlos CASTAGNETO
  • Valeria SILVA
  • Andrea Gabriela VACA NARVAJA
  • Ricardo FORSTER
  • Lía MENDEZ
  • Guillermo MOSTOL
  • Walter ARIELI
  • Jorge PISSACO
  • María Lara CARVAJAL
  • Hugo SERPA
  • Lucila PUYOL GARATEGUI
  • Daniel YARMOLINSKI
  • Gabriela CERRUTI
  • Laura ALONSO
  • Nicolás MASSOT
  • Ernesto SANZ
  • Ofelia CEDOLA
  • Esteban DIBAJA
  • Leticia ANGEROSA
  • Horacio MIZRAHI
  • Héctor DAER
  • Mario NEGRI
  • Patricia CUBRÍA
  • Omar PEROTTI
  • Silvia HORNE
  • Silvia ROJKES
  • Ángel ROZAS
  • Martín DONATE
  • Alejandro LOEDA
  • Alberto WERETILNECK
  • Eleonora HEINRICH
  • Cristina BRITEZ
  • Marcos CLERI
  • Gerardo ARANGUREN
  • Luis MAJUL
  • Gabriela TROIANO
  • Mario BARLETTA
  • Adrián GRANA;
  • José PITIN ARAGON
  • Gustavo Alfredo WALKER
  • Salvador CABRAL
  • Miguel NANNU
  • Waldo CARRIZO
  • Mauricio MAS
  • Nicolás CANOSA
  • Guido PASAMONIK
  • Sergio ZURANO
  • Mauro BATTAFARANO
  • Pablo Oscar VERA
  • Susana GUTT
  • Daniel YARMOLINSKI
  • Adriana FONTANA
  • Marianela PAEZ
  • María Laura PENNISI
  • Carlos RAIMUNDI
  • Gerardo RICO
  • Hugo PEROSA
  • Anabela ALDANONDO
  • Guillermo MOSTOL
  • Raúl REYES
  • Marcela RIPOLI
  • María del Carmen PEÑA
  • Angel GRACIANO
  • Sol GONZALEZ
  • Cintia LUJANA
  • Ernesto PAILLALEF
  • SALERNO ERCOLANI
  • Delfina SUPISICHE
  • Fernando TORRILLATE
  • Gustavo TRAVERSO
  • Pablo Oscar VERA
  • Susana GUTT
  • Comisaría 3ª Avellaneda, SIPOBA, Sup. Gral. Policía Bonaerense, Policía Lanús, Policía Científica.