No es solidaridad si implica injusticia

En Entre Ríos el gobernador Bordet acaba impulsar y sancionar una ley con el título de “Emergencia Solidaria”. Sin embargo, a partir del análisis de los datos no es otra cosa que un clásico ajuste a los trabajadores y jubilados.

El día 1 de julio en Entre Ríos ya no será un día histórico por el aniversario de la muerte del lider Juan Domingo Perón, sino también porque un gobierno heredero de su doctrina sancionó en tiempo récord una ley que avanza sobre los derechos de los trabajadores y los jubilados.

La ley preve la cancelación de toda recomposición salarial durante un año con la posibilidad de prórroga por otros 180 días (seis meses), quedando supeditado al equilibrio fiscal, es decir, “que las cuentas cierren”.

Nadie puede poner en duda que el contexto es efectivamente de emergencia y que la crisis económica es de relevancia, pero también lo es que esa crisis la están pagando de manera contundente los sectores trabajadores y pasivos, además de los sectores que viven en la informalidad, o de la economía social.

Sin embargo, en lugar de buscar caminos de diálogos, de escuchar propuestas, o bien de recuperar otras ya aprobadas en su momento y que luego fueron dejadas paulatinamente de lado para que los sectores más poderosos dejaran de tributar, se optó por la senda del ajuste (aunque se utilicen otros eufemismos) y que nuevamente el peso recaiga sobre los mismos de siempre.

En el 2014 el entonces gobernador Urribarri aprobó la propuesta tributaria absolutamente progresista y  lógica que había elaborado la CTA, donde todos pagaban pero en base a su capacidad contributiva. Así, sectores poderosos y solventes comenzaron a aportar. Pero a Urribarri esto le duró lo mismo que la emergencia del momento: de a poquito lo comenzaron a desarmar hasta llegar a este presente donde, aunque parezca irrisorio, amplios sectores industriales no aportan un peso al erario provincial.

Pero se eligió el camino de la imposición, conservador, unilateral, cuando la mesa estaba dispuesta para el diálogo, la construcción colectiva, la consolidación de consensos, que dado el contexto, seguramente hubiese llegado con premura. Como es cierto que también algunos sectores se hubieran opuesto a cualquier esfuerzo. Ninguna novedad, en especial si hay mucha riqueza de argumento.

Pero no. Nuevamente el hilo se cortó por lo más delgado y frágil, y la ley sancionada pone casi dos tercios del esfuerzo fiscal o de contribuciones en los trabajadores activos y pasivos, poniendo un piso para ese aporte relativamente bajo, setenta y cinco mil pesos nominales, valor que es alcanzado por un porcentaje significativo de personas, aunque los porcentajes no son el dato, sino la concepción y definición política.

El rechazo de amplios sectores, los comentarios en pasillos, redes sociales, encuentros casuales en las calles, dentro mismo del partido gobernante, es atronador, y facilita argumentos a una oposición que de ética y hacerse responsable de sus propios contubernios conoce bien poco. Pero parece que la idea es abrir este tipo de situaciones tomando medidas que bien podrían identificarse con aquellos que siempre han esgrimido posturas de derecha.

Hay mucho ruido en la comarca, y ese ruido tendrá consecuencias inimaginables en todo sentido, incluso en los servicios que brinda el Estado, pues es lógico preguntarse cómo van a reaccionar las entidades sindicales, cuando, por ejemplo, los docentes pagan de su propio bolsillo Internet, fotocopias, nafta, usan sus vehículos, impresoras, restan tiempos a sus familias, etc.

O bien los sectores de la primera línea de defensa en el sector sanitario, que no tienen ningún tipo de reconocimiento de lo que ocurre cuando llegan a su casa y deben tomar las medidas de higiene y seguridad pertinentes, incrementando de manera permanente sus gastos domésticos.

Demás está decir que en lo que va del año no ha habido ninguna recomposición salarial seria, cuando uno va a cualquier comercio y descubre el sostenido incremento de la canasta básica de alimentos, o de los productos de higiene y seguridad.

La sanción de la ley no es más que el principio de una historia que con certeza tendrá un desarrollo de intensas disputas, incluso judiciales, y cuyo resultado es incierto, en especial al haber afectado a un sector que no se precia de ser muy flexible con sus derechos, tal el caso de la justicia.

En el medio de esta cuestión resuenan frases tales como “No he venido a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada”, o bien, “Vengo de una generación diezmada”.

Muchos pueden ser los análisis y las miradas, y como dijo un diputado en algún pasillo, “era necesario porque sino se prendía fuego todo, era insostenible”. Se puede coincidir que algo había que hacer, pero la discusión es por la forma, el contenido y quienes lo han acompañado.

Al respecto, las declaraciones del intendente Piaggio al diario resueanan de una manera especial, ya que si bien acuerda con el objeto de debatir flujos de financiación, pone cuidado sobre atender a los sectores que no se deben afectar. Así afirma: “Coincido plenamente con proyectos que hagan distribuir la riqueza en términos generales, después hay que ver los pormenores para que no caigan en la volteada sectores que uno quiere proteger, pero la idea en crudo me interesa. Yo creo que las crisis generan estas oportunidades. Que en plena crisis se puedan votar leyes que reconfiguren el flujo de los recursos financieros a mí me encanta.” *

Por otra parte, este hecho da inicio a una discusión política muy interesante y que transita por las consecuancias que tendrá esta cuestión, por ejemplo, en las elecciones legislativas cercanas; puede que así como la 125 marcó el inicio del fortalecimiento y unificación de la oposición de derecha, éste sea un desencadenante en una provincia, que es bueno siempre recordarlo, votó en las últimas elecciones presidenciales por un candidato probadamente mentiroso y que destruyó las industrias Pymes en todo el país, es decir, Mauricio, que es Macri.

En medio de este panorama surge la pregunta: ¿Volverá, como se dice por las aulas virtuales, la Carpa Blanca docente? ¿Qué tipo e intensidad de conflictividad generará esta decisión política del Ejecutivo provincial? ¿Se habrá roto insanablemente la posibilidad del diálogo entre el sector sindical y la patronal? ¿Qué impactos tendrá esta medida en el plano político y en especial hacia dentro del propio partido? El tiempo irá brindando las respuestas.

*Fuente: Diario Junio