Ajuste y fragmentación del campo popular

Luego de un trámite exprés, fue sancionada la llamada Ley de emergencia solidaria. Las voces siguen resonando en cada rincón de la provincia. Aquí las reflexiones del Secretario General de la CTA Gualeguachú.

En estos días hemos asistido a la sanción de una Ley, llamada de “Emergencia Solidaria”, impulsada por el ejecutivo provincial y avalada contundentemente por el oficialismo en ambas cámaras. Esta Ley pretende ser presentada al conjunto de la sociedad cómo un instrumento progresista, que permitiría al Estado transitar la crisis generada por el neoliberalismo y profundizada por la Pandemia inédita que sufre nuestro pueblo entrerriano y también la humanidad. Lo que trataremos en las siguientes líneas, es explicar por qué esta Ley carece de progresismo y es fundamentalmente una medida de ajuste que pone el mayor peso de sostenimiento de la crisis en las espaldas de lxs trabajadores. Y no sólo eso, en términos políticos, apunta a confundir y a fragmentar al campo popular, abriendo un peligroso camino de fortalecimiento de los sectores políticos neoliberales.
Pero entiendo que para analizar esta coyuntura necesitamos valernos de algunas construcciones conceptuales que nos permitan profundizar el tema, y en un debate fraterno aportar a la consolidación de una mirada popular, de clase, democrática y antineoliberal, que ponga rumbo definitivo a un proceso político que en la heterogeneidad de su composición sufrirá avances y retrocesos. Pero que cada retroceso nos costará caro a lxs de siempre.

La cuestión de clase

Quienes impulsan e imponen lógicas neoliberales, en la disputa por el sentido se han preocupado con gran énfasis en licuar conceptos, en tergiversarlos, en resignificarlos para vaciar a las grandes mayorías y a lxs trabajadores de herramientas para analizar con mayor justeza la realidad y por ende despolitizarlxs. Una cuestión que me parece central desentrañar es el concepto de clase social:
Una clase social se define por el lugar que ocupa en un sistema de producción social históricamente determinado, por el papel que desempeña en la organización social del trabajo y su relación con los medios de producción y la apropiación de la riqueza social.
Es una definición simple, y quizá incompleta pero espero sirva al objetivo de estos renglones, que intentan explicar, por qué la Ley Bordet ajusta a lxs trabajadores. En este sistema, la clase a la cuál pertenecemos, la clase trabajadora, es la que no se apropia de la riqueza socialmente producida ni es la dueña de los medios de producción que pertenecen en este sistema históricamente determinado a los capitalistas. Por lo tanto, y particularmente por el papel que desempeñamos en la organización del trabajo, los trabajadores del estado, garantizamos derechos como la salud, la educación, la justicia a cambio de un salario. Por lo tanto, estamos en una relación laboral con una patronal, en este caso el Estado, a cambio de un salario, de un sueldo. Más allá del monto salarial que percibamos, el lugar, el papel que ocupamos en este sistema de producción social históricamente determinado, es el de trabajadores.
Entiendo que no tener claro esto nos lleva a dos errores frecuentes: la consideración por quienes perciben salarios más bajos que cualquier afectación de los salarios más altos conforman algo así como un acto de justicia o de distribución de la riqueza; y por otro lado por parte de quienes perciben mayores salarios los lleva a asumir posiciones, aspiraciones y objetivos que no le son propios, que pertenecen a las capas medias o clases dominantes.
Por eso es necesario, abordar desde este punto de vista esta coyuntura. La Ley aprobada descarga sobre una porción de la clase trabajadora el sostenimiento de la crisis. Y cuando decimos, clase trabajadora, hablamos de activxs y de jubiladxs.

El Estado

Si de algo carece el Estado es de neutralidad. Sostener un concepto neutro del Estado es negar las contradicciones sociales que en las políticas que un Estado toma se reflejan. Por eso el Estado es un terreno de disputa política, de proyectos de país, de provincia, de ciudad. Es ahí en que cada sector, clase, utiliza sus mecanismos para construir políticas públicas que beneficien a un sector o a la mayoría. Durante los 4 años de Macri en el gobierno, vimos claramente cómo el Estado se convertía en una fabulosa herramienta a disposición del capital financiero, especulativo en detrimento de lxs trabajadores, lxs jubilados, las PyMES. Favorecía al sector exportador en detrimento del mercado interno.
Es por eso que lxs trabajadores entendemos, que necesitamos un estado más presente que nunca, que nos proteja y nos garantice derechos en un contexto de pandemia. Que genere políticas distributivas en donde quienes tienen mayor capacidad contributiva aporten a sortear esta situación. Esta ley dista muchísimo de perseguir ese espíritu.

La ley

Para referirme a la ley, voy a transcribir algunos párrafos de un muy buen artículo que escribió el compañero Federico Tálamo, en el que claramente y a través de los números podemos ver como esta norma ajustará a una porción de nuestra clase:

“Según datos oficiales, la provincia cuenta actualmente con 91.993 trabajadores estatales en actividad y 55.681 jubilados o pensionados. Si a la cifra de activos le descontamos los 2.834 empleados que suman el Poder Legislativo y el Poder Judicial, además de los 702 cargos políticos (autoridades superiores y personal superior fuera de escalafón), nos quedan 88.457, la mayoría de los cuales son trabajadores docentes o de la salud y policías.
El incremento en los aportes que fija la ley alcanzará a unos 13.667 activos y 9.941 jubilados. De los activos, solamente un 5,13% corresponde a cargos políticos y un 20,72% a cargos del Poder Legislativo y el Poder Judicial (a saber, los mejor remunerados del Estado provincial). Eso significa que habrá por lo menos otros 10.131 trabajadores en actividad (7 de cada 10 alcanzados) a los que se les incrementarán sus aportes. Menudo reconocimiento para alguien que carga sobre sus espaldas con años de estudio y décadas de trabajo, gracias a lo cual logró tener antigüedad laboral u ocupar un cargo de ascenso.”
(…)
“Si bien la ley aprobada incorpora en sus artículos un incremento en la carga impositiva sobre los bancos, las droguerías y propiedades rurales superiores a 1.000 hectáreas, el pretendido avance sobre el capital es sin lugar a dudas exiguo. Por un lado, hablamos de un nivel de aportes que bien podrían ser tildados de insignificantes para la mayoría de los actores que resultan alcanzados; por el otro, queda en evidencia el desinterés por gravar con mayor énfasis a importantes sectores que ni siquiera son mencionados en esta norma: petroleras y estaciones de servicio, automotrices y concesionarias, telefonía fija y celular, hipermercados, cadenas de electrodomésticos, televisión por cable, medicina prepaga, tarjetas de crédito, aseguradoras, transporte de caudales, servicios inmobiliarios, grandes industrias y negocios derivados de la producción agropecuaria.
De acuerdo con algunas proyecciones sobre la implementación de la norma, los trabajadores activos y jubilados aportarán al año unos 1530 millones de pesos, mientras que las entidades financieras aportarán 340 millones y los terratenientes 160 millones. ¿Realmente puede denominarse “solidaria” una ley que obtiene tres cuartas partes de su recaudación de la clase trabajadora y deja a importantes sectores del a gran burguesía fuera de sus alcances?” https://www.elmiercolesdigital.com.ar/la-mal-llamada-ley-solidaria-y-un-nuevo-avance-sobre-los-derechos-de-la-clase-trabajadora/

A la pregunta de Federico, tenemos que responder claramente NO.
No es solidaria y lejos está de ser distributiva, pretende avanzar sobre algún sector del capital pero se queda en el intento.
Es lamentable el mensaje social que el gobierno de Bordet pretende instalar, “los que más tienen en la provincia y deben ser solidarios son los empleados públicos que ganan más de 75 mil pesos, los bancos y los poseedores de más de 1000 hectáreas”. La falsedad de esta lógica que se pretende imponer responde claramente a intencionalidades políticas que poco tienen que ver con el progresismo. Pero lo más insólito recae en el descuento que le aplicará a los jubilados, que deberán hacer un aporte “solidario” para pagarse la jubilación así mismos después de haber aportado toda su vida laboral.

El debate en el congreso

La defensa del capital

Está claro que el rechazo a esta norma en términos legislativos estuvo a cargo del bloque de Juntos por el Cambio, sus motivos tenía. Abanderados de las patronales y opositores a cualquier intromisión del Estado en el mercado, salieron a defender sus propios intereses. Defendieron a los bancos, a las droguerías y por supuesto a los terratenientes. Si bien la norma grava mínimamente a estos sectores, fue suficiente para que de manera contundente cerraran filas. Si hay algo que la derecha tiene clara es su conciencia de clase. Esgrimieron demagógicamente algún discurso sobre los trabajadores, pero que su propia historia borra de un plumazo. Ningún trabajadxr debería creer después de la experiencia vivida estos últimos 4 años de neoliberalismo macrista, que a estos legisladores les importamos algo. Su matriz política se nutre de la quita de derechos, de ajuste. No se opusieron a la norma por nosotrxs, se opusieron por ellxs, que no nos confundan.

La defensa de los trabaj…..a no, al final no

Los discursos que esgrimió el oficialismo en ambas cámaras, recorrió el ajuste macrista, la quita de derechos a lxs jubiladxs, la pérdida del poder adquisitivo de lxs trabajadores durante ese periodo, los despidos, el achique del Estado. Habló de Perón y los derechos de lxs trabajadores, de Néstor, de Cristina. De la columna vertebral del movimiento, de la solidaridad y la distribución de la riqueza. Acto seguido se levantó la mano y votó el ajuste. Salvo la abstención de Cora y Farfán en los artículos aplicados a lxs trabajadores, que puede leerse como un gesto político pero que no modifica la realidad. Nadie nos defendió, nadie defendió los intereses de la clase trabajadora.

La política

Lxs trabajadores necesitamos avanzar en fortalecer nuestra formación política, ya que la política es la herramienta a través de la cual las realidades se transforman. Tenemos estar muy atentxs a que no nos gane, ante estas experiencias, la lógica anti política. Sabemos que la misma responde a los intereses de las clases dominantes. Al contrario debemos elevar nuestra conciencia política, debemos profundizar los análisis y sobre todo recuperar herramientas para mirar la realidad.

Bordet y el juego a la derecha

Nos costó mucha calle, mucha organización popular desterrar al macrismo y sacar al neoliberalismo del poder del estado. Lxs trabajadores fuimos protagonistas claves en ese proceso, resistimos, aguantamos y fortalecimos lazos organizativos. En plena pandemia estamos llevando adelante acciones solidarias comprometidas con nuestra actividad concreta (salud, educación) y por fuera de ellas asistiendo a comedores, realizando campañas solidarias, llegando ahí donde el Estado no llega. Lxs trabajadores formamos parte de este campo popular que no quiere volver a los sótanos de la democracia, que quiere construir una sociedad más justa e igualitaria, con un Estado presente que garantice derechos. Es por eso que apoyamos las iniciativas nacionales de impuesto a las grandes fortunas y la expropiación de Vicentín, para que de una vez en la Argentina no seamos siempre lxs laburantes los que paguemos la crisis. Con esta ley que impulsó el gobernador Bordet, quiebra ese heterogéneo espacio que es el campo popular, que hoy ante una arremetida feroz de la derecha, el Gobernador se dispone a fragmentar. Impulsa una ley que no avanza sobre el capital concentrado, pero si avanza sobre derechos conquistados en años de luchas por lxs trabajadores.

Así y todo, esto no garantiza transitar la crisis económica, social y sanitaria provocada por la pandemia. Necesitará de nuevas leyes económicas que fortalezcan al estado y esta ley abre un camino para que se profundice un ajuste sobre los trabajadores. Sienta un precedente peligroso en términos de pérdidas de derecho y en términos políticos da un mensaje de debilidad ante los sectores concentrados de la economía.
Nosotrxs nos quedamos en el mismo lugar que elegimos siempre, el de nuestra clase, el de la lucha, el de las convicciones, en el de la unidad del campo popular sobre los principios de una sociedad igualitaria en donde la distribuyamos la riqueza.

Diego Sánchez, militante social, político y sindical