A contramano: Un fallo contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Por Carlos Horacio Pérez Nuñez

Exclusivo para Voces de Inclusión

El autor hace un recorrido argumental sólido que pone en evidencia las consecuencias de un fallo contrario a la tradición legal Argentina de las últimas décadas en relación a los Derechos Humanos y sobre el Derecho Internacional.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N) en la causa: “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso “Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Corte IDH), resolvió desestimar el pedido que efectuara la Dirección de Derechos Humanos de ese Ministerio para cumplimentar con lo ordenado por la Corte IDH que había dispuesto dejar sin efecto la sentencia dictada el día 25/09/2001, en los autos: “Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios”

Corte Interamericana de Derechos Humanos

La legislación internacional prevé la creación de medios u órganos con competencia para entender en los casos en que los Estados no respetan las libertades públicas, ni la dignidad del ser humano. La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) creó dos órganos: La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“La Corte IDH tiene un ámbito de competencia definido en la CADH. La naturaleza de su función es jurisdiccional y goza de autonomía, puede intervenir con respecto a los casos que surjan dentro del marco de la Convención, ya que a diferencia de la Comisión no es un órgano de los Estados americanos”. (B. Halajczuk-Moya Domínguez)

Éste órgano tiene establecido que su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados (Corte IDH OC-2/82 del 24/09/82).

Para que asuma competencia es necesario que los Estados partes o la Comisión, sometan un caso a su decisión, además se requiere que previamente se agoten los recursos legales en el orden interno, ello es para permitir que el propio Estado pueda resolver el problema en el derecho interno antes de verse enfrentado a un tribunal internacional de los Derechos Humanos.

El artículo 63.1. de la CADH establece que:  “cuando la Corte IDH decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

En virtud de esta norma se establecen consecuencias concretas y obligatorias para los Estados partes, que otorgan efectividad al sistema interamericano de derechos humanos y lo diferencian de otros sistemas internacionales de protección de derechos.

Las sentencias de la Corte IDH conforme a lo dispuesto en los arts. 62, 67 y 68 de la CADH, son obligatorias para las partes. El Dr. Héctor Gros Espiell (ex Juez de la Corte IDH), al igual que otros importantes juristas y doctrinarios, afirman que más que un compromiso, al que alude el apartado 1 del art. 68, es una obligación de los Estados partes que surge de las previsiones de los arts. 1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica (CADH), y así debe ser interpretado.

Breve síntesis del caso

La Corte IDH el 29 de noviembre de 2011, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la CADH, y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte, dictó sentencia en “Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina” declarando por unanimidad que el Estado argentino violó el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 13 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

El fallo de la Corte IDH determinó “que la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2001 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la condena impuesta por un tribunal de alzada, violó el derecho a la libertad de expresión de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico (…). Por lo tanto, el Tribunal dispone, de conformidad con su jurisprudencia, que el Estado debe dejar sin efecto dichas sentencias en todos sus extremos, incluyendo, en su caso, los alcances que estas tengan respecto de terceros; a saber: a) la atribución de responsabilidad civil de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico; b) la condena al pago de una indemnización, de intereses y costas y de la tasa de justicia; tales montos deberán ser reintegrados con los intereses y actualizaciones que correspondan de acuerdo al derecho interno, y c) así como cualquier otro efecto que tengan o hayan tenido aquellas decisiones. A efectos de cumplir la presente reparación, el Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole…” (Párrafo 105)

El caso había sido elevado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte IDH, y estuvo originado en la petición presentada por los periodistas ya mencionados, por Horacio Verbitsky (en representación de la Asociación de Periodistas) y el CELS.

La violación del derecho de expresión se basó en la condena civil que les fue impuesta a los periodistas por publicar notas y fotos en la revista Noticias, referidas a la existencia de un hijo no reconocido de Carlos Saúl Menem (Presidente de la Nación Argentina, en ese entonces) con una diputada, y a la relación con ella y su hijo.  La CSJN confirmó la sentencia de la Cámara Nacional Civil, que sostuvo que se había violado el derecho a la vida privada.

Fundamentos del fallo la CSJN

La CSJN al rechazar el pedido de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentó que hacer cesar los efectos de una de sus sentencias por decisión de jurisdicciones internacionales, significa otorgarle a la Corte IDH la condición de una cuarta instancia, y además que el tribunal interamericano se excedió al revocar una sentencia local, argumentando que no está contemplado esa posibilidad en la Convención Americana.

Para la CSJN los instrumentos internacionales deben ajustarse a la esfera de reserva soberana indicada por el constituyente en el art. 27 de la Constitución Nacional en la que se encuentran los principios de derecho público local, razón por la cual la Corte IDH no puede modificar una decisión, ya que uno de esos principios es que la CSJN es órgano supremo local y cabeza del Poder Judicial (art. 108 de la C.N.), no pudiendo ser privado de esos caracteres ni sustituido por un órgano internacional.

La posición mayoritaria fue conformada por el voto conjunto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y el voto propio del juez Horacio Rosatti. En disidencia votó el juez Juan Carlos Maqueda.

Resulta conveniente resaltar lo manifestado en el voto en disidencia, el Dr. Maqueda mantiene la postura fijada en sus votos en los casos “Cantos” (2003), “Espósito” (2004), “Derecho” (2011), “Carranza Latrubesse” (2013) y “Mohamed” (2015), según la cual a partir de la reforma constitucional de 1994, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la CSJN, por lo que resolvió dejar sin efecto la sentencia de la C.S.J.N. de 2001.

Críticas a la decisión de la CSJN

Como bien sostiene el Dr. Raúl Zaffaroni, la Corte IDH jamás podría revocar sentencias de tribunales nacionales. Sucede que es el Estado quien viola los Derechos Humanos, y por lo tanto siempre el demandado ante la Corte IDH es éste, y de ser encontrado responsable de esa violación, también será el Estado el condenado.

Y agrega, que “la jurisprudencia de la CSJN hasta este fallo, sostenía que ésta como parte del Estado, hacía lo suyo para que éste no fuera sancionado en función del Derecho Internacional. A partir de la reciente resolución, la CSJN acaba de declarar su emancipación respecto del Estado argentino”.

En el plano internacional el Estado se reconoce como un sujeto único e indivisible, el principio de la unidad del Estado establece que los actos u omisiones de los órganos del Estado deben ser reconocidos como actos u omisiones de ese Estado en su totalidad.

La Comisión de Derecho Internacional de la ONU (CDI) establece que: “la conducta de cualquier órgano del Estado debe ser considerada un acto del Estado bajo derecho internacional, ya sea que el órgano ejerza funciones legislativas, ejecutivas o judiciales o cualquiera otra función, cualquiera que sea la posición que mantenga en la organización del Estado, o cualquiera que sea su carácter como órgano del gobierno central o de la unidad territorial del Estado” (art. 4).

En virtud de la aplicación del artículo 27 de la CVDT (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) la Corte ha afirmado que todos los órganos del Estado se encuentran obligados a dar cumplimiento a las medidas de reparación adoptadas.

Es decir, el Estado es quien debe resolver el problema de cómo proceder para hacer perder eficacia a la sentencia de la CSJN –es un problema del Derecho nacional, no del Derecho Internacional-, pues de lo contrario, el Estado está incumpliendo con las obligaciones asumidas, las que deben observarse de buena fe.

Para el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) “La CSJN, con este fallo, se ubica como el único poder del Estado argentino cuyas decisiones no pueden ser evaluadas como violatorias de derechos humanos, y por ende, puestas en crisis por el sistema interamericano de protección. Sostiene, que en sus fundamentos, la Corte Suprema recortó el texto del artículo 75 inc. 22 de la C.N. para citar únicamente la parte en la que afirma que los tratados de derechos humanos allí enunciados no derogan ningún artículo de la primera parte de la Constitución, y omite incluir la referencia a las condiciones de su vigencia o a que deben entenderse complementarias de los derechos y garantías reconocidos en aquella sección constitucional. La Corte reconoce las sentencias de la Corte IDH pero se arroga la facultad de determinar cuándo ese tribunal actúa dentro de sus competencias del artículo 63 de la CADH”.

En síntesis, el fallo de la CSJN significa un retroceso en relación al Derecho Internacional de los derechos humanos, que pone en crisis la protección de esos derechos, debilita la fuerza normativa de los Derechos Humanos consagrada en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, y además comete el grave error de asumir la interpretación de la CADH, cuando el único órgano facultado para hacerlo es la Corte IDH.

Con este incumplimiento, Argentina quebranta una vez más la CADH.